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La sostenibilidad es un camino sin retorno, hasta el punto de que ya no podemos hablar de un verdadero crecimiento económico si este además no es sostenible. La Unión Europea lo ha entendido así y se encuentra ya a la vanguardia de los esfuerzos que se están llevando a cabo a nivel global para luchar contra el cambio climático.

De este modo, se han establecido los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para 2030, que, entre otros, son la reducción de al menos el 40% –desde los niveles de 1990– de los gases efecto invernadero o lograr que como mínimo un 27% del total del consumo de energía provenga de fuentes renovables. Se trata de metas ambiciosas que debemos lograr como sociedad, pero para ello se necesita financiación.

En este contexto, están jugando un papel fundamental los denominados bonos verdes, que son títulos de crédito (deuda) emitidos, bien por instituciones públicas o bien por compañías privadas con el compromiso de invertir en un proyecto verde en ámbitos como energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio o gestión de residuos. Para lograr la calificación de verdes, los bonos que se emiten deben cumplir con los denominados Green Bond Principles (GBP), que promueven la integridad del mercado de este tipo de instrumentos.

Para las compañías, además de hacer un mundo más verde y sostenible, son múltiples las ventajas de optar por este tipo de instrumentos de financiación. Entre ellas, destacaría el acceso que este tipo de emisiones proporciona a una nueva clase de inversores que por principios solo invierten en este tipo de activos, o la diferenciación que supone ser una compañía verde frente a otros agentes del mercado, además de la mejora en la imagen corporativa o la reputación.

Se trata de una tendencia imparable donde las compañías españolas deberían ser –como en otros muchos ámbitos– un referente. Más si tenemos en cuenta que el Ejecutivo español ha hecho de la Transición Energética (a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC) uno de los pilares de su acción de gobierno, y que a buen seguro reforzará en la nueva legislatura.

Dicho plan recoge objetivos muy ambiciosos para la próxima década, que están alineados con los ODS marcados por la Unión Europea, como la reducción de los gases de efecto invernadero en un 21% respecto a las cifras de 1990, que el 42% del consumo total de energía provenga de fuentes renovables y que el 74% de la energía generada sea eléctrica, entre otros.

España ya demostró en el pasado que puede ser un líder en energías renovables y puede volver a hacerlo en materia de sostenibilidad.

En este contexto de mercado, y dada nuestra posición global, entidades como la nuestra pueden trabajar de la mano de compañías españolas en la búsqueda de alternativas de financiación sostenibles que ayuden a su crecimiento y lo hagan, además, en línea con los objetivos marcados para 2030.

De hecho, cada vez son más el número de inversores que priorizan precisamente estos criterios (ISR o inversión socialmente responsable) a la hora de invertir. Ello supone, de facto, el acceso a una nueva tipología de inversores institucionales, entre los que destacan los fondos responsables, que sin descuidar la rentabilidad apuestan por aquellas compañías o proyectos que cumplen con estos criterios.

Vivimos por tanto en una nueva era en la que tanto desde la financiación como la inversión es posible apostar por el desarrollo de un mundo más comprometido con la sostenibilidad y la eficiencia. Ya tenemos las herramientas para ello, y es cuestión de que compañías e instituciones sepan aprovecharlas con un buen asesoramiento de la mano de los mejores expertos y asesores no solo a nivel nacional sino también internacional.

Fuente: Mark Hall CEO de HSBC España

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